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Negreira se niega a declarar hoy ante el juez: su defensa argumenta deterioro cognitivo
Hoy está citado a partir de las 11:00 horas en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
José María Enríquez Negreira acude hoy citado ante el juez instructor Joaquin Aguirre, por los pagos de casi ocho millones de euros que recibió durante años del Barcelona. Imputado por administración desleal, cohecho, falsedad documental y corrupción deportiva, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) se acogerá a su derecho a no declarar en la comparecencia.
En concreto y según ha podido saber este periódico, su defensa insistirá en que no está en condiciones para hacerlo en el interrogatorio que está previsto a partir de las 11:00 horas en la Ciudad de la Justicia. Un argumento que ya esgrimió hace meses Negreira, quien dijo que sufría deterioro cognitivo -un principio de Alzheimer- que le incapacitaba para afrontar el proceso penal.
Sin embargo, el juez le citó tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Todo tras una exploración en el Instituto de Medicina Legal y Forense ordenada por el propio magistrado. La comparecencia de Negreira ha sido retrasada hasta en dos ocasiones a petición de la defensa del ex vicepresidente de los árbitros: primero, debía ser el 21 de febrero: después, el 8 de marzo. Al final, ha terminado agendada un mes después de lo previsto. Hasta el momento, Negreira sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria, donde aseguró que el Barcelona le pagó casi ocho millones de euros durante 17 años para conseguir que los arbitrajes «fueran neutrales».
La RFEF, acusación particular
Sobre las novedades del caso, ayer se supo que la Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como acusación particular del caso que investiga los pagos del Barcelona a Negreira. En un auto hecho público ayer, la sección 21 del tribunal estima el recurso que presentó la RFEF cuando el juez instructor rechazó que la entidad formara parte de la causa, una decisión que respaldaron tanto la Fiscalía como el club azulgrana.
El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, responsable de la investigación en curso, justificó su decisión en que la RFEF ejerce funciones públicas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes (CSD), que a su vez depende del Ministerio de Cultura y Deporte, y consideró que la Federación no está habilitada para personarse como acusación popular. En cambio, la RFEF argumentó que como entidad privada, «su condición de ofendido no ofrece lugar a dudas», y por tanto cree que es necesario que esté habilitada para ser acusación popular, porque podría personarse como acusación popular.
Los jueces de la Audiencia de Barcelona tienen en cuenta que en este presunto delito de corrupción en el deporte «el bien jurídico protegido era el juego limpio en la práctica del deporte», un ámbito que corresponde a la RFEF.
«Si las conductas que están siendo objeto de investigación se produjeron, y es lo que se está investigando, debieron necesariamente tener repercusión en el desarrollo de los encuentros deportivos, puesto que perseguían la alteración de sus resultados o la obtención de unos arbitrajes más favorables», señalan los magistrados, antes de concluir que la RFEF sí está legitimada para ejercer como acusación particular.
Laporta y el presunto cohecho
Además de Negreira y el Barcelona, en la causa están imputados el actual presidente del club azulgrana, Joan Laporta, y los ex mandatarios Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. El ex dirigente arbitral es el primer citado a declarar ante el instructor por los pagos millonarios que recibió entre 2001 y 2018.
La Audiencia debe resolver próximamente si, además de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal, advierte el de cohecho, señalado por el juez Aguirre y por el que mantiene como investigado a Laporta. El Ministerio Público se ha opuesto a esta imputación y se ha alineado con las defensas para pedir que Laporta sea apartado del sumario que investiga el mayor escándalo de la historia del fútbol español. En paralelo, Aguirre ha prorrogado seis meses la investigación.
El Mundo
Hoy está citado a partir de las 11:00 horas en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
José María Enríquez Negreira acude hoy citado ante el juez instructor Joaquin Aguirre, por los pagos de casi ocho millones de euros que recibió durante años del Barcelona. Imputado por administración desleal, cohecho, falsedad documental y corrupción deportiva, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) se acogerá a su derecho a no declarar en la comparecencia.
En concreto y según ha podido saber este periódico, su defensa insistirá en que no está en condiciones para hacerlo en el interrogatorio que está previsto a partir de las 11:00 horas en la Ciudad de la Justicia. Un argumento que ya esgrimió hace meses Negreira, quien dijo que sufría deterioro cognitivo -un principio de Alzheimer- que le incapacitaba para afrontar el proceso penal.
Sin embargo, el juez le citó tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Todo tras una exploración en el Instituto de Medicina Legal y Forense ordenada por el propio magistrado. La comparecencia de Negreira ha sido retrasada hasta en dos ocasiones a petición de la defensa del ex vicepresidente de los árbitros: primero, debía ser el 21 de febrero: después, el 8 de marzo. Al final, ha terminado agendada un mes después de lo previsto. Hasta el momento, Negreira sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria, donde aseguró que el Barcelona le pagó casi ocho millones de euros durante 17 años para conseguir que los arbitrajes «fueran neutrales».
La RFEF, acusación particular
Sobre las novedades del caso, ayer se supo que la Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como acusación particular del caso que investiga los pagos del Barcelona a Negreira. En un auto hecho público ayer, la sección 21 del tribunal estima el recurso que presentó la RFEF cuando el juez instructor rechazó que la entidad formara parte de la causa, una decisión que respaldaron tanto la Fiscalía como el club azulgrana.
El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, responsable de la investigación en curso, justificó su decisión en que la RFEF ejerce funciones públicas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes (CSD), que a su vez depende del Ministerio de Cultura y Deporte, y consideró que la Federación no está habilitada para personarse como acusación popular. En cambio, la RFEF argumentó que como entidad privada, «su condición de ofendido no ofrece lugar a dudas», y por tanto cree que es necesario que esté habilitada para ser acusación popular, porque podría personarse como acusación popular.
Los jueces de la Audiencia de Barcelona tienen en cuenta que en este presunto delito de corrupción en el deporte «el bien jurídico protegido era el juego limpio en la práctica del deporte», un ámbito que corresponde a la RFEF.
«Si las conductas que están siendo objeto de investigación se produjeron, y es lo que se está investigando, debieron necesariamente tener repercusión en el desarrollo de los encuentros deportivos, puesto que perseguían la alteración de sus resultados o la obtención de unos arbitrajes más favorables», señalan los magistrados, antes de concluir que la RFEF sí está legitimada para ejercer como acusación particular.
Laporta y el presunto cohecho
Además de Negreira y el Barcelona, en la causa están imputados el actual presidente del club azulgrana, Joan Laporta, y los ex mandatarios Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. El ex dirigente arbitral es el primer citado a declarar ante el instructor por los pagos millonarios que recibió entre 2001 y 2018.
La Audiencia debe resolver próximamente si, además de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal, advierte el de cohecho, señalado por el juez Aguirre y por el que mantiene como investigado a Laporta. El Ministerio Público se ha opuesto a esta imputación y se ha alineado con las defensas para pedir que Laporta sea apartado del sumario que investiga el mayor escándalo de la historia del fútbol español. En paralelo, Aguirre ha prorrogado seis meses la investigación.
El Mundo