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- Out 5, 2021
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Ciudadanos pierde uno de cada diez diputados autonómicos
Casi el 13% de los cargos territoriales ha dejado la formación de Arrimadas y ha mantenido el acta; el partido también se queda con 76 ediles menos desde las últimas elecciones municipales
“Relegada a una mesa de la biblioteca y castigada sin voz”. Es la denuncia que hizo este martes María Montero, parlamentaria de las Cortes de Castilla-León, que se plantea acudir al Tribunal Constitucional como respuesta al “aislamiento” que dice sufrir desde que abandonó Ciudadanos en marzo. No quiso soltar el acta y pasó a ser no adscrita. Su número de intervenciones y presencia en la Cámara fueron limitadas tras salir de la formación liderada por Inés Arrimadas, de acuerdo con el reglamento del Parlamento castellanoleonés que, según ella, limita sus derechos como procuradora (diputada de las Cortes de Castilla-León). “En otros parlamentos las normas son distintas”, dice Montero a modo de queja. Este es solo uno de los numerosos embrollos a los que se enfrenta Ciudadanos, después de que 14 diputados regionales se hayan desligado del partido en los últimos meses y se hayan quedado el acta. En total, en torno al 13% de sus cargos autonómicos ha abandonado sus siglas desde las anteriores elecciones celebradas en cada territorio. Casi todos se han aferrado al sillón y ahora van por libre.
La última baja fue la del diputado vasco Luis Gordillo, que este martes formalizó su carnet de afiliado al PP. Él es el único diputado autonómico que retiene el acta y que se ha afiliado a los populares. El resto que ha conservado su asiento son ahora cargos independientes que, o bien han pasado del grupo parlamentario de Ciudadanos al mixto, o bien ejercen como no adscritos. A estos cargos autonómicos se suman también todos los ediles que se han dado de baja como afiliados: 76 en total, de entre los 2.800 que obtuvieron en los últimos comicios municipales. Fuentes de la dirección aseguran que la mayoría de estos ediles también ha conservado el acta. En estos casos el partido pierde la posibilidad de reemplazar a esa persona por otro integrante de Ciudadanos, por lo que su presencia se va mermando en las instituciones sin que haya nuevos comicios a la vista.
El goteo de abandonos no cesa. Como ejemplos, el del concejal de La Laguna (Tenerife), Alfredo Gómez, que dejó el partido este lunes; y el del edil de Girona, Daniel Pamplona, expulsado de Ciudadanos en las últimas semanas. Ambos se han aferrado al acta. “El partido ha virado de rumbo en el último año, pero yo sigo con la misma tesis, por eso conservo el acta”, argumenta Pamplona. “Y no cruzo ninguna línea legal. Han contactado conmigo otras formaciones después, pero ahora mismo no me planteo nada”.
En España nada impide a los cargos públicos dejar el partido por el que se presentaron a las elecciones y conservar además su acta. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero intentó reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para ser más restrictivo en este sentido, pero el Tribunal Constitucional rechazó tal posibilidad en una sentencia de 2017. El tribunal de garantías entendió entonces que el acta pertenece a la persona y no al partido ni a la lista por la que concurrió a las elecciones. “Aquella sentencia fue muy polémica porque no casa con un sistema como el nuestro con listas cerradas: la doctrina no es unánime en este aspecto”, explica Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. “Esto debería evolucionar y darse un cambio normativo. Considerar normal que se puedan quedar con el acta atenta contra la moral política”, añade Pedro Nevado-Batalla, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca.
Al no existir una legislación estatal, cada Parlamento autonómico establece en su propio reglamento qué consecuencias tiene para el diputado abandonar el partido y mantener el acta. Pero incluso así se dan situaciones dudosas. El Parlamento canario solicitó la semana pasada al Consejo Consultivo de la comunidad que se pronuncie sobre una petición de Ciudadanos: que la parlamentaria Vidina Espino, ausente ya del partido de Arrimadas, deje el grupo mixto y sea relegada como no adscrita, con los respectivos perjuicios económicos y de pérdida de participación que ello conlleva. Ella se resiste.
La vuelta de hoja es la de los cuatro diputados de Murcia que fueron relegados del partido tras la fallida moción de censura. El reglamento de la Cámara impedía expulsarles del grupo parlamentario de Ciudadanos. La semana pasada pidieron cambiar el nombre del grupo Ciudadanos por el de Liberal, pero la Asamblea se lo impidió. Otro caso paradigmático es el de Melilla. Eduardo de Castro presidió la ciudad autónoma hasta el pasado abril, cuando salió de Ciudadanos. La formación de Arrimadas lo expulsó porque De Castro había ocultado su condición de imputado en un caso de supuesta prevaricación, pero él también se negó a dejar el acta. “Ciudadanos es un partido muy débil porque no tiene una estructura sólida ni en las bases ni en la directiva y los cargos sienten que no tienen referente”, subraya Giselle García, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. “A este contexto se suma que algunos ven peligrar su silla por los malos resultados en las encuestas”.
Fuentes de la cúpula de Ciudadanos manifiestan que es “cierto que viven un momento complicado”. Y añaden que quien no esté de acuerdo con las decisiones de la Ejecutiva es libre de marcharse. “Quienes mantienen el acta demuestran que están ahí por el sillón y no por el servicio a los ciudadanos”. Desde las Cortes de Castilla-León alegan que, respecto a su parlamentaria María Montero, no ha habido ningún tipo de discriminación y que todo está acorde con el reglamento.
EL PAÍS
Casi el 13% de los cargos territoriales ha dejado la formación de Arrimadas y ha mantenido el acta; el partido también se queda con 76 ediles menos desde las últimas elecciones municipales
“Relegada a una mesa de la biblioteca y castigada sin voz”. Es la denuncia que hizo este martes María Montero, parlamentaria de las Cortes de Castilla-León, que se plantea acudir al Tribunal Constitucional como respuesta al “aislamiento” que dice sufrir desde que abandonó Ciudadanos en marzo. No quiso soltar el acta y pasó a ser no adscrita. Su número de intervenciones y presencia en la Cámara fueron limitadas tras salir de la formación liderada por Inés Arrimadas, de acuerdo con el reglamento del Parlamento castellanoleonés que, según ella, limita sus derechos como procuradora (diputada de las Cortes de Castilla-León). “En otros parlamentos las normas son distintas”, dice Montero a modo de queja. Este es solo uno de los numerosos embrollos a los que se enfrenta Ciudadanos, después de que 14 diputados regionales se hayan desligado del partido en los últimos meses y se hayan quedado el acta. En total, en torno al 13% de sus cargos autonómicos ha abandonado sus siglas desde las anteriores elecciones celebradas en cada territorio. Casi todos se han aferrado al sillón y ahora van por libre.
La última baja fue la del diputado vasco Luis Gordillo, que este martes formalizó su carnet de afiliado al PP. Él es el único diputado autonómico que retiene el acta y que se ha afiliado a los populares. El resto que ha conservado su asiento son ahora cargos independientes que, o bien han pasado del grupo parlamentario de Ciudadanos al mixto, o bien ejercen como no adscritos. A estos cargos autonómicos se suman también todos los ediles que se han dado de baja como afiliados: 76 en total, de entre los 2.800 que obtuvieron en los últimos comicios municipales. Fuentes de la dirección aseguran que la mayoría de estos ediles también ha conservado el acta. En estos casos el partido pierde la posibilidad de reemplazar a esa persona por otro integrante de Ciudadanos, por lo que su presencia se va mermando en las instituciones sin que haya nuevos comicios a la vista.
El goteo de abandonos no cesa. Como ejemplos, el del concejal de La Laguna (Tenerife), Alfredo Gómez, que dejó el partido este lunes; y el del edil de Girona, Daniel Pamplona, expulsado de Ciudadanos en las últimas semanas. Ambos se han aferrado al acta. “El partido ha virado de rumbo en el último año, pero yo sigo con la misma tesis, por eso conservo el acta”, argumenta Pamplona. “Y no cruzo ninguna línea legal. Han contactado conmigo otras formaciones después, pero ahora mismo no me planteo nada”.
En España nada impide a los cargos públicos dejar el partido por el que se presentaron a las elecciones y conservar además su acta. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero intentó reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para ser más restrictivo en este sentido, pero el Tribunal Constitucional rechazó tal posibilidad en una sentencia de 2017. El tribunal de garantías entendió entonces que el acta pertenece a la persona y no al partido ni a la lista por la que concurrió a las elecciones. “Aquella sentencia fue muy polémica porque no casa con un sistema como el nuestro con listas cerradas: la doctrina no es unánime en este aspecto”, explica Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. “Esto debería evolucionar y darse un cambio normativo. Considerar normal que se puedan quedar con el acta atenta contra la moral política”, añade Pedro Nevado-Batalla, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca.
Al no existir una legislación estatal, cada Parlamento autonómico establece en su propio reglamento qué consecuencias tiene para el diputado abandonar el partido y mantener el acta. Pero incluso así se dan situaciones dudosas. El Parlamento canario solicitó la semana pasada al Consejo Consultivo de la comunidad que se pronuncie sobre una petición de Ciudadanos: que la parlamentaria Vidina Espino, ausente ya del partido de Arrimadas, deje el grupo mixto y sea relegada como no adscrita, con los respectivos perjuicios económicos y de pérdida de participación que ello conlleva. Ella se resiste.
La vuelta de hoja es la de los cuatro diputados de Murcia que fueron relegados del partido tras la fallida moción de censura. El reglamento de la Cámara impedía expulsarles del grupo parlamentario de Ciudadanos. La semana pasada pidieron cambiar el nombre del grupo Ciudadanos por el de Liberal, pero la Asamblea se lo impidió. Otro caso paradigmático es el de Melilla. Eduardo de Castro presidió la ciudad autónoma hasta el pasado abril, cuando salió de Ciudadanos. La formación de Arrimadas lo expulsó porque De Castro había ocultado su condición de imputado en un caso de supuesta prevaricación, pero él también se negó a dejar el acta. “Ciudadanos es un partido muy débil porque no tiene una estructura sólida ni en las bases ni en la directiva y los cargos sienten que no tienen referente”, subraya Giselle García, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. “A este contexto se suma que algunos ven peligrar su silla por los malos resultados en las encuestas”.
Fuentes de la cúpula de Ciudadanos manifiestan que es “cierto que viven un momento complicado”. Y añaden que quien no esté de acuerdo con las decisiones de la Ejecutiva es libre de marcharse. “Quienes mantienen el acta demuestran que están ahí por el sillón y no por el servicio a los ciudadanos”. Desde las Cortes de Castilla-León alegan que, respecto a su parlamentaria María Montero, no ha habido ningún tipo de discriminación y que todo está acorde con el reglamento.
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