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Una nueva oleada de ciberataques filtra datos personales de dirigentes autonómicos en toda España
DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones privadas de altos cargos autonómicos han vuelto a quedar expuestos en internet
Una nueva campaña de ciberataques ha sacado a la luz información personal de buena parte de los presidentes regionales, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y el lehendakari Imanol Pradales, en un episodio que ya investiga la Policía Nacional.
La Comisaría General de Información ha abierto diligencias tras confirmarse la filtración masiva, que afecta al menos a 15 de los 17 presidentes autonómicos y a 47 cargos políticos de distintas comunidades, según fuentes policiales citadas por Radio Nacional de España.
Qué datos se han filtrado y a cuántos cargos afecta
La información expuesta no es homogénea. En algunos casos se trata de correos electrónicos personales, mientras que en otros se incluyen números de DNI, teléfonos móviles, direcciones de vivienda, matrículas de vehículos e incluso datos bancarios, según las publicaciones detectadas en la red.
En el caso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha difundido su correo personal. En el del lehendakari Imanol Pradales, la filtración va más allá e incluye datos de una persona identificada como su pareja, un salto cualitativo que ha encendido todas las alarmas.
También figuran entre los afectados el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; la presidenta extremeña María Guardiola y la presidenta de Navarra, María Chivite, entre otros.
No es un episodio aislado
La filtración se suma a una cadena de ataques similares registrados en los últimos años contra responsables políticos de primer nivel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros ya fueron víctimas de campañas parecidas, lo que apunta a una estrategia recurrente de acoso digital a instituciones del Estado.
Se señalan que muchos de estos datos podrían haber sido sustraídos hace tiempo y reaparecen ahora, de forma dosificada, en función del contexto político o mediático del momento.
Un autor con amenazas explícitas
El responsable de la publicación se identifica con el alias “Eurogosth”, sin aportar información clara sobre sus motivaciones. En su único mensaje, lanza una advertencia inquietante:
“Sé que faltan CCAA, no se van a salvar. Dentro de poco haré la V2 de esta base de datos, probablemente con familiares. O sin familiares. No lo sé”.
Una frase acompañada de un cierre tan provocador como ambiguo: “Viva España”.
Los investigadores analizan ahora si se trata de un actor individual o de una red más amplia, así como el origen real de los datos y las posibles conexiones con campañas anteriores.
Otra investigación abierta: Óscar Puente, Renfe y Adif
En paralelo, la Policía Nacional investiga nuevas filtraciones de datos personales del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como de responsables de Renfe y Adif, difundidas en redes bajo el alias “Vindex”.
En este caso, el propio autor justifica el ataque como una represalia, al considerar a estos cargos responsables del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Los datos se publicaron en dos fases e incluyen información sensible del ministro y de altos cargos como:
José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes
Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe
Luis Pedro Marco de la Peña, máximo responsable de Adif y Adif-Alta Velocidad
Un fenómeno que va más allá del hackeo
Más allá del daño individual, los expertos advierten de que este tipo de filtraciones buscan generar intimidación, desgaste institucional y desconfianza. No es solo una brecha de seguridad: es un mensaje.
La reiteración de estos ataques plantea una pregunta incómoda que empieza a instalarse en los despachos oficiales: ¿hasta qué punto están protegidos los datos personales de quienes ocupan cargos públicos en España?
Mientras la investigación avanza, la sensación es clara. En la era digital, la frontera entre la vida pública y la privada es cada vez más frágil, y cuando se rompe, el impacto ya no es solo tecnológico, sino político y social.
Estrella Digital
DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones privadas de altos cargos autonómicos han vuelto a quedar expuestos en internet
Una nueva campaña de ciberataques ha sacado a la luz información personal de buena parte de los presidentes regionales, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y el lehendakari Imanol Pradales, en un episodio que ya investiga la Policía Nacional.
La Comisaría General de Información ha abierto diligencias tras confirmarse la filtración masiva, que afecta al menos a 15 de los 17 presidentes autonómicos y a 47 cargos políticos de distintas comunidades, según fuentes policiales citadas por Radio Nacional de España.
Qué datos se han filtrado y a cuántos cargos afecta
La información expuesta no es homogénea. En algunos casos se trata de correos electrónicos personales, mientras que en otros se incluyen números de DNI, teléfonos móviles, direcciones de vivienda, matrículas de vehículos e incluso datos bancarios, según las publicaciones detectadas en la red.
En el caso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha difundido su correo personal. En el del lehendakari Imanol Pradales, la filtración va más allá e incluye datos de una persona identificada como su pareja, un salto cualitativo que ha encendido todas las alarmas.
También figuran entre los afectados el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; la presidenta extremeña María Guardiola y la presidenta de Navarra, María Chivite, entre otros.
No es un episodio aislado
La filtración se suma a una cadena de ataques similares registrados en los últimos años contra responsables políticos de primer nivel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros ya fueron víctimas de campañas parecidas, lo que apunta a una estrategia recurrente de acoso digital a instituciones del Estado.
Se señalan que muchos de estos datos podrían haber sido sustraídos hace tiempo y reaparecen ahora, de forma dosificada, en función del contexto político o mediático del momento.
Un autor con amenazas explícitas
El responsable de la publicación se identifica con el alias “Eurogosth”, sin aportar información clara sobre sus motivaciones. En su único mensaje, lanza una advertencia inquietante:
“Sé que faltan CCAA, no se van a salvar. Dentro de poco haré la V2 de esta base de datos, probablemente con familiares. O sin familiares. No lo sé”.
Una frase acompañada de un cierre tan provocador como ambiguo: “Viva España”.
Los investigadores analizan ahora si se trata de un actor individual o de una red más amplia, así como el origen real de los datos y las posibles conexiones con campañas anteriores.
Otra investigación abierta: Óscar Puente, Renfe y Adif
En paralelo, la Policía Nacional investiga nuevas filtraciones de datos personales del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como de responsables de Renfe y Adif, difundidas en redes bajo el alias “Vindex”.
En este caso, el propio autor justifica el ataque como una represalia, al considerar a estos cargos responsables del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Los datos se publicaron en dos fases e incluyen información sensible del ministro y de altos cargos como:
José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes
Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe
Luis Pedro Marco de la Peña, máximo responsable de Adif y Adif-Alta Velocidad
Un fenómeno que va más allá del hackeo
Más allá del daño individual, los expertos advierten de que este tipo de filtraciones buscan generar intimidación, desgaste institucional y desconfianza. No es solo una brecha de seguridad: es un mensaje.
La reiteración de estos ataques plantea una pregunta incómoda que empieza a instalarse en los despachos oficiales: ¿hasta qué punto están protegidos los datos personales de quienes ocupan cargos públicos en España?
Mientras la investigación avanza, la sensación es clara. En la era digital, la frontera entre la vida pública y la privada es cada vez más frágil, y cuando se rompe, el impacto ya no es solo tecnológico, sino político y social.
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