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- Out 5, 2021
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El Gobierno de España gestionará el centro de refugiados de Vitoria cuando en 2025 ceda la 'fase de autonomía'
El Gobierno vasco podrá diseñar los "itinerarios sociales" para la integración a partir de las normas estatales. La calificación de los emigrantes y los permisos de trabajo serán concedidos por el Ministerio de Asuntos Sociales
El Gobierno vasco comenzará a diseñar los "itinerarios sociales" a partir de enero de 2025 de todas los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y de quienes cuenten con la protección temporal reconocidos por el Ministerio de Asuntos Sociales. El acuerdo para que el Gobierno vasco asuma la competencia sobre la fase de autonomía del Sistema de Acogida de Protección Internacional facilitará que Lakua coordine con 6 entidades sociales presten la asistencia en ayudas sociales, educación y sanidada que les prestará la administración vasca. El Gobierno central, además, será el propietario y el encargado de gestionar la futura residencia para refugiados de Vitoria que se estrenará en el verano de 2025.
El Gobierno vasco mantiene hoy con estas entidades sociales la primera reunión para planificar un traspaso limitado sobre los servicios que se prestan a los refugiados. Un proceso de derivación, acogida y de autonomía que forma parte de la competencia de asilo, atribución exclusiva del Gobierno de España según el artículo 149.1.2 de la Constitución española. La viceconsejera Lide Amilibia ha reconocido en una entrevista en Radio Euskadi esta "competencia exclusiva" que se flexibiliza para hacerla compatible con las propias del Gobierno vasco en los ámbitos sanitarios, educativos y socioeconómicos.
El Ministerio de Asuntos Sociales mantendrá la potestad en la concesión tanto de los permisos de asilo y refugio como de los contratos de trabajo, una de las pretensiones del Gobierno de Urkullu. Las administraciones vascas -tanto el Gobierno vasco como las diputaciones comparten funciones en este ámbito- deberán ahora coordinar el proceso de integración de los refugiados con la elaboración de "instrucciones" que regulen el proceso y con los protocolos que después sean aplicados por las organizaciones sociales subcontratadas. El Gobierno vasco se descontará 2,4 millones de euros del Cupo que paga al Estado como compensación por asumir estas tareas.
Los refugiados que lleguen a Euskadi contarán con uno de los nuevos centros activados por el Gobierno de España para su acogida y que se inaugurará en junio de 2025. La antigua clínica de Arana en Vitoria estará reacondicionada a partir de esa fecha para acoger a un máximo de 350 personas. El Ministerio de Asuntos Sociales ha destinado 12,2 millones de euros para la reforma de este antiguo hospital y después tendrá que habilitar sus espacios como centro de acogida y crear un equipo que atienda a los refugiados durante 6 meses, el periodo previsto para facilitar su entrada en la fase de autonomía que ya coordinarán las instituciones vascas. La readecuación de la clínica Arana como centro de refugiados provocó un duro enfrentamiento político entre la ex consejera vasca Beatriz Artolazabal y el delegado del Gobierno en Euskadi Denis Itxaso.
El Mundo
El Gobierno vasco podrá diseñar los "itinerarios sociales" para la integración a partir de las normas estatales. La calificación de los emigrantes y los permisos de trabajo serán concedidos por el Ministerio de Asuntos Sociales
El Gobierno vasco comenzará a diseñar los "itinerarios sociales" a partir de enero de 2025 de todas los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y de quienes cuenten con la protección temporal reconocidos por el Ministerio de Asuntos Sociales. El acuerdo para que el Gobierno vasco asuma la competencia sobre la fase de autonomía del Sistema de Acogida de Protección Internacional facilitará que Lakua coordine con 6 entidades sociales presten la asistencia en ayudas sociales, educación y sanidada que les prestará la administración vasca. El Gobierno central, además, será el propietario y el encargado de gestionar la futura residencia para refugiados de Vitoria que se estrenará en el verano de 2025.
El Gobierno vasco mantiene hoy con estas entidades sociales la primera reunión para planificar un traspaso limitado sobre los servicios que se prestan a los refugiados. Un proceso de derivación, acogida y de autonomía que forma parte de la competencia de asilo, atribución exclusiva del Gobierno de España según el artículo 149.1.2 de la Constitución española. La viceconsejera Lide Amilibia ha reconocido en una entrevista en Radio Euskadi esta "competencia exclusiva" que se flexibiliza para hacerla compatible con las propias del Gobierno vasco en los ámbitos sanitarios, educativos y socioeconómicos.
El Ministerio de Asuntos Sociales mantendrá la potestad en la concesión tanto de los permisos de asilo y refugio como de los contratos de trabajo, una de las pretensiones del Gobierno de Urkullu. Las administraciones vascas -tanto el Gobierno vasco como las diputaciones comparten funciones en este ámbito- deberán ahora coordinar el proceso de integración de los refugiados con la elaboración de "instrucciones" que regulen el proceso y con los protocolos que después sean aplicados por las organizaciones sociales subcontratadas. El Gobierno vasco se descontará 2,4 millones de euros del Cupo que paga al Estado como compensación por asumir estas tareas.
Los refugiados que lleguen a Euskadi contarán con uno de los nuevos centros activados por el Gobierno de España para su acogida y que se inaugurará en junio de 2025. La antigua clínica de Arana en Vitoria estará reacondicionada a partir de esa fecha para acoger a un máximo de 350 personas. El Ministerio de Asuntos Sociales ha destinado 12,2 millones de euros para la reforma de este antiguo hospital y después tendrá que habilitar sus espacios como centro de acogida y crear un equipo que atienda a los refugiados durante 6 meses, el periodo previsto para facilitar su entrada en la fase de autonomía que ya coordinarán las instituciones vascas. La readecuación de la clínica Arana como centro de refugiados provocó un duro enfrentamiento político entre la ex consejera vasca Beatriz Artolazabal y el delegado del Gobierno en Euskadi Denis Itxaso.
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