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ERC cubre parte de la fianza que el Tribunal de Cuentas exige a cargos del ‘procés’
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Los republicanos aportan unos dos millones de euros ante el ente fiscalizador
El independentismo respondió ayer con fondos de sus propias arcas a la negativa del Tribunal de Cuentas a aceptar que la Generalitat avale las fianzas por valor de 5,4 millones de euros de 34 exaltos cargos del Govern encausados por dedicar fondos públicos a la promoción del procés en el exterior. ERC anunció ayer que ha cubierto una parte de la fianza que el ente fiscalizador le exige a los responsables republicanos de la acción exterior del Govern entre 2016 y 2017 y que también beneficiaría a Carles Puigdemont. En un comunicado, el expresident negó tener conocimiento de la operación y aseguró que había entregado parte del dinero.
Los dos partidos vuelven a chocar incluso en el único punto donde hasta ahora parecían mantener la unidad: la respuesta a lo que consideran la acción represiva del Estado contra el secesionismo. Tras meses de incertidumbre sobre si se aceptaría o no el aval de la Generalitat, el pasado jueves la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, rechazó esa fórmula al considerar que la legislación catalana no ampara actuaciones irregulares. El independentismo decidió entonces mover ficha en un plan cocinado hace meses pero que, al final, ha terminado para abrir otro frente de desencuentro.
También desde hace meses, en la sede nacional de ERC, se estudiaban alternativas para proteger especialmente a la cúpula del departamento de Acción Exterior, que entre 2016 y 2017 lideró Raül Romeva. El plan implica asumir con fondos propios una parte de la fianza que se solicita a los 34 exaltos cargos, unos 2,2 millones de euros según voces internas. Entre los cargos beneficiados, además de Romeva y del exvicepresidente Oriol Junqueras, estarían Aleix Villatoro, quien fuera secretario general del Acción Exterior o María Badía, secretaria de Asuntos Exteriores, entre otros.
En ERC entienden que Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y buscado por la justicia española, era entonces el máximo responsable de la acción exterior de la Generalitat en tanto era el presidente catalán y por eso se le adelanta el dinero que le corresponde. Y ahí saltó el desencuentro. Junts emitió un comunicado en el que pidió “no hacer partidismo en temas de solidaridad antirrepresiva” y aclaró que el aval de ERC solo salvaguarda la responsabilidad sobre Romeva. La fianza, al ser solidaria, —es decir, que lo que consigna uno sirve para cubrir la deuda del conjunto— permitiría hacer esa lectura de que Puigdemont se beneficiaría de la iniciativa de ERC.
La operación de ERC no incluye hipotecar ninguno de los inmuebles del partido, que por cierto pertenecen a una fundación, la Josep Irla. Tira de la buena salud económica de una formación que, sin grandes deudas, ha obtenido ingresos por los buenos resultados electorales.
Fuentes de ERC insisten en que no se trata de un movimiento unilateral, sino que se se ha actuado en coordinación con otros partidos y entidades independentistas, muy especialmente la Caja de Solidaridad. Esta organización, que centraliza las donaciones hechas por ciudadanos, ha permitido hacer frente a 14 millones de euros en multas y asistencia jurídica a líderes políticos y activistas procesados por diferentes delitos que ven conexos con su militancia independentista.
La Caja de Solidaridad guardó ayer silencio, evitando entrar en la polémica de las dos formaciones políticas. El Tribunal de Cuentas no confirmó cuánto dinero recibió. Varios de los delegados de la Generalitat en el Exterior, por su parte, no se acogieron al mecanismo de aval diseñado por el departamento de Economía que preside Jaume Giró y sufragaron su parte con fondos propios. Junts también aprovechó para afear a ERC que su dinero solo sufragara la situación de los que fueran cargos entre 2016 y 2017.
La causa de presunta malversación que investiga el Tribunal de Cuentas se remonta a 2011, cuando Artur Mas ya pilotaba la Generalitat y también incluye, por ejemplo, a su exresponsable de Economía, Andreu Mas-Colell, cuya situación ha despertado el apoyo de importantes economistas y hasta 33 premios Nobel. El expresident anunció el pasado jueves que entregaría su piso de Barcelona para hacer efectiva su parte pero denunció la situación de “indefensión”.
El president Pere Aragonès insinuó en la mañana de ayer, durante la conmemoración del fusilamiento de Lluis Companys, cierto movimiento en su partido de cara a ayudar a los investigados por el Tribunal de Cuentas. Aragonès, que equiparó la “represión” derivada de la acción del ente fiscalizador con la persecución del independentismo durante la dictadura, abogó por “combatir este nuevo ataque con todos los recursos legales, con la máxima solidaridad colectiva y con la máxima ambición nacional”.
EL PAÍS
Los republicanos aportan unos dos millones de euros ante el ente fiscalizador
El independentismo respondió ayer con fondos de sus propias arcas a la negativa del Tribunal de Cuentas a aceptar que la Generalitat avale las fianzas por valor de 5,4 millones de euros de 34 exaltos cargos del Govern encausados por dedicar fondos públicos a la promoción del procés en el exterior. ERC anunció ayer que ha cubierto una parte de la fianza que el ente fiscalizador le exige a los responsables republicanos de la acción exterior del Govern entre 2016 y 2017 y que también beneficiaría a Carles Puigdemont. En un comunicado, el expresident negó tener conocimiento de la operación y aseguró que había entregado parte del dinero.
Los dos partidos vuelven a chocar incluso en el único punto donde hasta ahora parecían mantener la unidad: la respuesta a lo que consideran la acción represiva del Estado contra el secesionismo. Tras meses de incertidumbre sobre si se aceptaría o no el aval de la Generalitat, el pasado jueves la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, rechazó esa fórmula al considerar que la legislación catalana no ampara actuaciones irregulares. El independentismo decidió entonces mover ficha en un plan cocinado hace meses pero que, al final, ha terminado para abrir otro frente de desencuentro.
También desde hace meses, en la sede nacional de ERC, se estudiaban alternativas para proteger especialmente a la cúpula del departamento de Acción Exterior, que entre 2016 y 2017 lideró Raül Romeva. El plan implica asumir con fondos propios una parte de la fianza que se solicita a los 34 exaltos cargos, unos 2,2 millones de euros según voces internas. Entre los cargos beneficiados, además de Romeva y del exvicepresidente Oriol Junqueras, estarían Aleix Villatoro, quien fuera secretario general del Acción Exterior o María Badía, secretaria de Asuntos Exteriores, entre otros.
En ERC entienden que Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y buscado por la justicia española, era entonces el máximo responsable de la acción exterior de la Generalitat en tanto era el presidente catalán y por eso se le adelanta el dinero que le corresponde. Y ahí saltó el desencuentro. Junts emitió un comunicado en el que pidió “no hacer partidismo en temas de solidaridad antirrepresiva” y aclaró que el aval de ERC solo salvaguarda la responsabilidad sobre Romeva. La fianza, al ser solidaria, —es decir, que lo que consigna uno sirve para cubrir la deuda del conjunto— permitiría hacer esa lectura de que Puigdemont se beneficiaría de la iniciativa de ERC.
La operación de ERC no incluye hipotecar ninguno de los inmuebles del partido, que por cierto pertenecen a una fundación, la Josep Irla. Tira de la buena salud económica de una formación que, sin grandes deudas, ha obtenido ingresos por los buenos resultados electorales.
Fuentes de ERC insisten en que no se trata de un movimiento unilateral, sino que se se ha actuado en coordinación con otros partidos y entidades independentistas, muy especialmente la Caja de Solidaridad. Esta organización, que centraliza las donaciones hechas por ciudadanos, ha permitido hacer frente a 14 millones de euros en multas y asistencia jurídica a líderes políticos y activistas procesados por diferentes delitos que ven conexos con su militancia independentista.
La Caja de Solidaridad guardó ayer silencio, evitando entrar en la polémica de las dos formaciones políticas. El Tribunal de Cuentas no confirmó cuánto dinero recibió. Varios de los delegados de la Generalitat en el Exterior, por su parte, no se acogieron al mecanismo de aval diseñado por el departamento de Economía que preside Jaume Giró y sufragaron su parte con fondos propios. Junts también aprovechó para afear a ERC que su dinero solo sufragara la situación de los que fueran cargos entre 2016 y 2017.
La causa de presunta malversación que investiga el Tribunal de Cuentas se remonta a 2011, cuando Artur Mas ya pilotaba la Generalitat y también incluye, por ejemplo, a su exresponsable de Economía, Andreu Mas-Colell, cuya situación ha despertado el apoyo de importantes economistas y hasta 33 premios Nobel. El expresident anunció el pasado jueves que entregaría su piso de Barcelona para hacer efectiva su parte pero denunció la situación de “indefensión”.
El president Pere Aragonès insinuó en la mañana de ayer, durante la conmemoración del fusilamiento de Lluis Companys, cierto movimiento en su partido de cara a ayudar a los investigados por el Tribunal de Cuentas. Aragonès, que equiparó la “represión” derivada de la acción del ente fiscalizador con la persecución del independentismo durante la dictadura, abogó por “combatir este nuevo ataque con todos los recursos legales, con la máxima solidaridad colectiva y con la máxima ambición nacional”.
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