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El Gobierno propondrá reformar la Constitución para garantizar el derecho al aborto

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El Gobierno ha anunciado que propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna, reforzando así la libertad y la autonomía de las mujeres

El Ejecutivo ha anunciado que impulsará una propuesta de reforma constitucional para reconocer el derecho al aborto en la Carta Magna, con el objetivo de reforzar la autonomía de las mujeres y blindar este derecho frente a posibles retrocesos.

Fuentes gubernamentales enmarcan esta iniciativa en un contexto internacional de debate sobre los derechos sexuales y reproductivos. La medida llega días después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara, con los votos de PP y Vox, una moción que plantea informar en centros municipales sobre un “síndrome posaborto”, un concepto que carece de respaldo científico y que ha generado críticas desde el ámbito sanitario y político.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que no permitirá que los derechos de las mujeres “se vean amenazados por la desinformación o la ideología” y ha insistido en que el Ejecutivo tomará medidas para garantizar que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban información veraz y basada en evidencia científica.

La reforma constitucional se enmarcaría en el procedimiento ordinario de modificación de la Carta Magna, lo que requiere mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado. De momento, el Ejecutivo no ha presentado un texto concreto ni ha iniciado el trámite formal. La última modificación constitucional en España tuvo lugar en enero de 2024, cuando se sustituyó el término “disminuido” por “persona con discapacidad”.

El Gobierno recuerda además que el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 44/2023 de 9 de mayo, reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

La posible reforma ha reavivado el debate político en torno al aborto en España. Mientras que desde el Ejecutivo y partidos de izquierda reclaman blindar este derecho, la oposición conservadora defiende la necesidad de garantizar información “completa” a las mujeres, aunque esa posición ha sido cuestionada por introducir supuestos efectos psicológicos no avalados por la evidencia científica.

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